Consejo de Cooperación Bibliotecaria. Informe sobre la digitalización del patrimonio bibliográfico en España. Madrid: Ministerio de Cultura, Grupo de Trabajo de Estrategia Nacional de Digitalización, 2025.
El Informe sobre la digitalización del patrimonio bibliográfico en España es una publicación institucional de diciembre de 2025 que ofrece una evaluación detallada y sistemática del estado de la digitalización de los fondos bibliográficos españoles. Elaborado por el Grupo de Trabajo Estratégico para la Estrategia Nacional de Digitalización —adscrito al Consejo de Cooperación Bibliotecaria—, el informe constituye uno de los análisis más completos disponibles en este momento sobre cómo se está abordando la transformación digital del patrimonio bibliográfico en las bibliotecas y repositorios del país. El documento está acompañado de dos archivos de datos en formato Excel: uno contiene las respuestas completas de la encuesta dirigida a bibliotecas físicas, y otro integra y amplía los datos de ambas encuestas junto con otras fuentes complementarias.
Para construir este panorama general, el informe se basa en una metodología combinada que articula dos encuestas principales: una dirigida a las bibliotecas físicas y otra a bibliotecas digitales y repositorios. Estos son complementados con datos procedentes de Hispana, diversas bibliotecas virtuales como la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico, proyectos subvencionados por el Ministerio de Cultura, estadísticas oficiales y la investigación directa de recursos publicados en la web. Este enfoque permite no sólo cuantificar cuántos ejes de digitalización existen en España, sino también valorar su calidad, cobertura y posibles brechas en cuanto a tipologías de materiales, volumen de fondos digitalizados y capacidades técnicas de las instituciones implicadas.
El contenido del informe combina explicaciones conceptuales, análisis interpretativos y presentaciones gráficas que facilitan la comprensión de las cifras obtenidas. Las tablas y los gráficos incluidos en el documento no sólo reflejan los datos brutos, sino que permiten observar tendencias relevantes y patrones en la digitalización del patrimonio bibliográfico, tales como el grado de adopción de estándares digitales, la integración de metadatos, la interoperabilidad entre plataformas y el acceso público a los contenidos digitalizados. Estas visualizaciones se acompañan de textos explicativos que contextualizan los resultados, destacando tanto los logros alcanzados como los desafíos pendientes para una digitalización más extensa, accesible y sostenible.
U.S. Government Accountability Office (2025). Public Libraries: Many Buildings Are Reported to Be in Poor Condition, with Increasing Deferred Maintenance (GAO-26-107262). Recuperado de https://www.gao.gov/products/gao-26-107262
A partir de una encuesta representativa a aproximadamente 16 400 bibliotecas públicas distribuidas en los 50 estados, el Distrito de Columbia y cuatro territorios, la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno concluye que una proporción significativa de edificios presenta problemas estructurales, sistemas deteriorados y barreras físicas que afectan tanto a su operación como a la accesibilidad para personas con discapacidad.
El estudio detalla que cerca del 38 % de las bibliotecas (aproximadamente 6 000) reportan que al menos uno de los sistemas clave del edificio —como calefacción, ventilación o aire acondicionado (HVAC)— se encuentra en condición deficiente, lo que puede dificultar el uso seguro y eficaz de los espacios. Más aún, alrededor del 61 % (unos 9 800) identificaron que al menos un elemento de la infraestructura representa una preocupación de salud o seguridad, incluyendo problemas de accesibilidad física o diseños que no cumplen con las necesidades de todos los usuarios.
Una parte importante del informe subraya que el financiamiento federal está principalmente orientado a programas, servicios y actividades de las bibliotecas —no a la construcción ni a reparaciones de estructuras físicas—, lo que deja a la mayoría de los proyectos de mantenimiento en manos de recursos estatales o locales. Las bibliotecas encuestadas destacaron que el costo de construcción y reparación, junto con la falta de fondos suficientes, son los principales obstáculos para abordar eficazmente estas necesidades. Por ejemplo, algunos bibliotecarios entrevistados estimaron costos de decenas de miles de dólares sólo para renovar sistemas HVAC o eliminar materiales peligrosos como el asbesto.
El reporte de la GAO también identifica que una gran proporción de bibliotecas tienen acumulado un “mantenimiento diferido” significativo, es decir, tareas de reparación y mejoras que han sido postergadas por falta de recursos. Se estima que aproximadamente el 70 % de las bibliotecas enfrentan un volumen considerable de mantenimiento pendiente que probablemente persistirá o incluso aumentará en los próximos tres años si no crecen las inversiones destinadas a estas instalaciones. Esta situación se presenta de manera más crítica en bibliotecas pequeñas, rurales o con menor base impositiva local, que dependen de fondos limitados para sostener su infraestructura.
En conjunto, el informe de la GAO advierte que, aunque las bibliotecas públicas siguen cumpliendo roles esenciales como espacio para la lectura, la educación, tecnología comunitaria, servicios de emergencia y centros de votación, las condiciones físicas deterioradas y la falta de inversión en mantenimiento continuado representan una amenaza para su capacidad de servir plenamente a la comunidad. La Oficina de Rendición de Cuentas recomienda políticas que faciliten mayores oportunidades de financiación y estrategias de planificación para garantizar que las bibliotecas puedan actualizar y mantener edificios seguros, accesibles y funcionales.
Basado en más de 20 000 encuestas de educadores recopiladas a través del proyecto Phones in Focus, los datos iniciales muestran que las políticas más estrictas de prohibición de teléfonos en los centros educativos se asocian con menos distracciones y una mayor satisfacción docente, ya que los profesores reportan menos interrupciones a la hora de enseñar y una reducción de la atención del alumnado hacia sus dispositivos en momentos académicos.
Los encuestados, compuestos mayoritariamente por docentes de educación primaria y secundaria, señalan que las prohibiciones totales durante el horario escolar ayudan a disminuir las distracciones y a indirectamente favorecer un clima más centrado en el aprendizaje. Duckworth explica que cuando los teléfonos están completamente fuera del aula y no disponibles, los estudiantes tienden a interactuar más entre sí y a concentrarse en el trabajo escolar, lo cual mejora el ambiente general de la clase y la percepción de efectividad pedagógica.
No obstante, el artículo también matiza que los resultados son aún preliminares: los investigadores planean correlacionar las respuestas de la encuesta con medidas objetivas de rendimiento educativo, como calificaciones, asistencia, puntuaciones en pruebas estandarizadas y compromiso estudiantil a lo largo del año escolar, antes de hacer recomendaciones definitivas. La ambición del proyecto Phones in Focus es poder ofrecer orientaciones basadas en datos para que los distritos escolares ajusten sus políticas de uso de teléfonos de manera informada para el curso 2025-2026.
En el contexto global, y aunque no forma parte del artículo de Wharton, otros estudios aportan una visión más matizada: investigaciones en Europa han encontrado beneficios modestos de las prohibiciones completas de teléfonos móviles sobre el rendimiento académico, especialmente entre estudiantes con bajo rendimiento, mientras que otros trabajos sugieren que las prohibiciones por sí solas no bastan para mejorar resultados si no se integran en estrategias educativas amplias.
La revista TIME designó en 2025 a los “Arquitectos de la Inteligencia Artificial” como Persona del Año, un reconocimiento no a una figura individual, sino a todo un grupo de líderes que han diseñado y transformado el ecosistema global de la IA.
Esta elección simboliza el momento histórico en que la inteligencia artificial pasó de ser un avance tecnológico a convertirse en una fuerza determinante en la vida cotidiana, en la economía y en el funcionamiento de las instituciones.
El artículo subraya que 2025 marcó un punto de inflexión: la IA dejó de ser una herramienta de nicho y se convirtió en un componente esencial para millones de personas. Modelos como ChatGPT y sistemas de IA aplicados en salud, educación o industria demostraron su capacidad para resolver problemas complejos y acelerar procesos. La labor de estos arquitectos permitió que la tecnología avanzara a una velocidad sin precedentes y ampliara su alcance a prácticamente todos los sectores. Esta selección reconoce a quienes han impulsado el desarrollo, la adopción y la expansión global de la IA, transformando industrias y la vida cotidiana. Entre ellos están Jensen Huang, Sam Altman, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Lisa Su, Demis Hassabis, Dario Amodei y Fei-Fei Li.
Sin embargo, el reconocimiento también refleja los desafíos que acompañan este auge. El desarrollo acelerado de la IA ha despertado preocupaciones sobre privacidad, desinformación, desplazamiento laboral y sesgos algorítmicos. La figura de los “Arquitectos de la IA” representa tanto el enorme potencial transformador de estas tecnologías como la responsabilidad ética que implica dirigir su futuro.
En conjunto, TIME destaca que estas personas —ingenieros, investigadores y líderes tecnológicos— están moldeando la era actual y sentando las bases del mundo que viene. Su influencia es tan profunda que, para bien o para mal, el rumbo de la sociedad global en los próximos años estará estrechamente vinculado a las decisiones que tomen sobre cómo diseñar, regular y aplicar la inteligencia artificial.
El artículo advierte de una “crisis de confianza” en los sistemas de IA cuando se usan como fuentes de conocimiento científico o de salud: el uso indiscriminado de literatura retractada socava la integridad académica, puede inducir a desinformación peligrosa, y exige urgentes mecanismos de control —tanto técnicos (bases de datos actualizadas, filtros automáticos) como de responsabilidad editorial— para evitar que la IA difunda como válidas investigaciones desacreditadas.
El artículo de MIT Technology Review denuncia un problema alarmante: algunos modelos de inteligencia artificial (IA) están utilizando en sus respuestas contenido extraído de artículos científicos que han sido retractados (es decir, anulados por errores, malas prácticas, fraude o falta de validez), sin advertir a los usuarios sobre su condición de desautorizados.
Según los estudios citados, cuando se pidió a un modelo — ChatGPT (basado en GPT-4o) — que respondiera utilizando información de 21 artículos de imagenología médica ya retractados, el sistema citó esos trabajos en cinco casos, y tan solo en tres advirtió que podían ser problemáticos. En una prueba más amplia, con 217 artículos retractados o de baja calidad en varios campos científicos, el modelo no mencionó ninguna retractación u otra señal de alerta.
Pero el problema no afecta solo a ChatGPT. Otras herramientas de IA diseñadas específicamente para tareas de investigación científica — como Elicit, Ai2 ScholarQA, Perplexity y Consensus — también mostraron fallos similares. En tests realizados con los mismos 21 artículos retractados, Elicit los citó en cinco casos, Ai2 ScholarQA en 17, Perplexity en 11 y Consensus en 18, sin señalar su estatus de retractado.
Este fenómeno plantea dudas graves sobre la fiabilidad de la IA para tareas de investigación, educación, medicina o cualquier ámbito donde la veracidad científica es crítica. Si los modelos no reconocen que una fuente ha sido invalidada, pueden reproducir información errónea como si fuera legitima, lo que puede inducir a error a estudiantes, profesionales o al público general.
El problema tiene raíces estructurales vinculadas al modo en que estos modelos son entrenados. Muchos corpus de entrenamiento contienen copias de trabajos científicos disponibles en la web —incluidas versiones retiradas— y los sistemas no están diseñados para revisar en tiempo real el estado de retractación de cada fuente. Esto significa que, aunque una investigación haya sido invalidada, sigue formando parte del “conocimiento” del modelo.
Ante esta situación, algunas empresas ya han comenzado a reaccionar: por ejemplo, Consensus ha integrado datos de fuentes de retractaciones (como bases mantenidas por editores, agregadores de datos y servicios especializados) para intentar filtrar fuentes invalidadas; en una prueba reciente, así logró reducir el número de artículos retractados citados. Sin embargo, estas iniciativas no están generalizadas ni resultan infalibles, pues muchas publicaciones científicas no marcan de forma uniforme sus retractaciones, lo que dificulta la detección automática.
Alberto, de 48 años, se quedó desconcertado hace unas semanas. Al abrir el ordenador de su hija Paula, de 12, alumna en un instituto público del centro de Valencia, vio que la niña le había pedido a la Inteligencia Artificial (IA) de Google que le hiciera un resumen de un cuento de Óscar Wilde que él sabía que tenía que leer para clase de Lengua. Y que, además, le pusiera los personajes principales, y preguntas como las que podrían aparecer en un examen de primero de la ESO. Alberto interrogó a su hija, y ella le aseguró que había leído el cuento hacía más de un mes, que tenía el examen al día siguiente, y que, como se había dejado el libro en el instituto, lo había buscado para repasar. “Acepté su explicación porque es muy buena estudiante, pero la verdad es que me quedé preocupado. Igual suena ingenuo, pero no lo había visto venir”, comenta.
Escenas como la que describe Alberto (cuyo nombre y el de su hija se han cambiado para proteger a la menor) se repiten en miles de hogares españoles, asegura María Sánchez, presidenta de Ceapa, la gran confederación de familias de la enseñanza pública, que aglutina a más de 12.000 asociaciones de madres y padres de alumnos (Ampas) de colegios e institutos. Empezando por su propia casa, dice. Los niños, a finales de la primaria, y sobre todo los adolescentes se han lanzado a usar en casa la IA para estudiar sin supervisión del profesorado ni de los progenitores, de una forma que en ocasiones consiste en una ayuda productiva y otras muchas en una externalización del esfuerzo intelectual. Un cambio ante el que las familias no saben cómo actuar. “Las madres y los padres nos transmiten preocupación, porque la mayoría no tienen, o mejor dicho, no tenemos, conocimientos suficientes para guiarles ni controlar su uso. Una parte ni siquiera sabe que la IA a veces se equivoca”, dice Sánchez. En respuesta a esa inquietud, su entidad acaba de terminar una guía, que presentará en diciembre, que trata de orientar a progenitores y chavales sobre los riesgos y oportunidades educativas de la nueva tecnología.
En los últimos meses se han publicado diversos sondeos, de calidad dispar y con diferencias en los rangos de edad, sobre cuánto se ha extendido el uso de la IA para estudiar entre los alumnos, que arrojan cifras que van de más del 40% a más del 80%. El dato oficial más reciente, la Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de la información y comunicación (TIC) en los hogares publicada el 20 de noviembre por el INE, señala que el 59% de la población de 16 a 24 años ya la utiliza con tal fin.
Directamente a los chavales
Uno de los principales problemas del uso escolar de la IA en niños y adolescentes, señala la presidenta de Ceapa, es que su rápida expansión no está respondiendo a un plan pensado por las administraciones educativas para mejorar el aprendizaje de los menores. Sino a una carrera de empresas privadas, “movidas por interés económico”, que no han ido a llamar a la puerta de los departamentos de enseñanza, los centros educativos, el profesorado o los progenitores, sino directamente al usuario final, los alumnos, que solo en España, entre primaria y secundaria, suman seis millones. “Nos está pasando lo mismo que con las redes sociales”, afirma Sánchez.
La cuestión genera preocupación y también “controversia” en Affac, la mayor entidad de familias catalanas ―que no forma parte de la estatal Ceapa y reúne a otras 2.400 Ampas―, admite su directora, Lidón Gasull. “En mi opinión no se trata de oponerse a la Inteligencia Artificial, pero sí de poner límites, regular, y ser muy cuidadosos, porque hablamos de una población especialmente vulnerable, y no tenemos información ni control sobre el impacto real que su uso puede tener en su proceso de aprendizaje. Pero en estos temas la administración siempre va muy por detrás de la realidad”, afirma. Hasta el pasado diciembre, el Gobierno no publicó un informe de recomendaciones sobre el uso de pantallas en centros educativos y redes sociales en menores, y de momento, las administraciones educativas españolas no tienen una regulación de la IA en materia educativa, aunque Galicia prepara una normativa (orientada sobre todo al uso en el aula) y el Ministerio de Educación prevé abordar la cuestión en el futuro junto al Ministerio de Transformación Digital.
Uno de los principales argumentos a favor del uso profesional de la IA es que permite liberar tiempo de tareas poco relevantes para dedicarlo a otras verdaderamente importantes. El mismo razonamiento parece aplicable, hasta cierto punto, a los estudiantes de educación superior. En primaria y secundaria, en cambio, las tareas están pensadas ―o deberían estarlo― para que los chavales adquieran conocimientos y habilidades durante el proceso de hacerlas, de modo que ese ahorro productivo predicado en general sobre la IA resulta mucho menos evidente.
Tarjetas, mapas y podcast que ayudan a estudiar
Dejando de lado lo que la nueva tecnología puede hacer por los docentes, que parece bastante ―desde ayudarles con las engorrosas tareas administrativas a asistirles en la detección temprana de alumnos con dificultades de aprendizaje―, que se enmarcan en el uso profesional de la IA, los expertos señalan que los chavales pueden usarla de dos formas muy distintas. Pidiéndole que haga los trabajos o lea los libros por ellos, lo cual acabará teniendo probablemente consecuencias cognitivas perniciosas, y también será negativo para sus calificaciones, ya que, a medida que la inteligencia artificial se extienda, lo previsible es que las formas de evaluación también cambien para volverse más presenciales. O, utilizándola con un enfoque activo, que suponga aplicar técnicas que la ciencia ha mostrado que funcionan a la hora de aprender.
Este segundo tipo de uso positivo es el que destaca Ben Gomes, director de Aprendizaje y Sostenibilidad de Google, en un despacho de la sede de Google DeepMind en Londres, al término de un foro sobre IA aplicado al aprendizaje organizado a mediados de noviembre al que la compañía estadounidense invitó a asistir a EL PAÍS. Por ejemplo: introducir en la aplicación de IA un documento, digamos un tema de Historia, y pedirle que cree flashcards (tarjetas con preguntas y repuestas al estilo del Trivial) o cuestionarios, dos de las formas clásicas de ejercitar la evocación (rescatar de la memoria lo aprendido), que, según han acreditado diversas investigaciones mejora el desempeño educativo. O también, pedirle que cree mapas mentales con dicho contenido, o incluso un podcast con el tema, para que el estudiante pueda escucharlo, por ejemplo, mientras camina o hace deporte. Aplicaciones como NotebookLM, ChatGPT o Le Chat permiten algunas o todas esas cosas.
Las compañías que se están volcando en la IA educativa tienen entre sus prioridades, prosigue Gomes, el llamado “aprendizaje guiado”, aplicaciones (o utilidades dentro de las que ya existen) que adoptan “un estilo más socrático de interacción, con más elementos visuales, y preguntas al final, que no le da al estudiante la respuesta directamente, sino que le hace esforzarse un poco primero”. El directivo de Google asegura que su compañía ha decidido no implantar en su sistema de aprendizaje guiado (Gemini) algún tipo de control parental (o docente) que impida a la aplicación dar a los estudiantes la resolución del ejercicio, sino solo pistas y ejemplos de cómo hacerlo, para evitar que “se frustren” y dejen de usar la aplicación (y quizá, aunque eso no lo dijo, se marchen a la competencia).
La idea de la IA como mentor del alumnado sin pin parental tiene, sin embargo, un obstáculo de partida, advierte Dennis Mizne, director general de la Fundación Lemann, una entidad sin ánimo de lucro que ofrece apoyo educativo a más de 600.000 estudiantes brasileños al mes. “La cuestión es: ¿Quién ha dicho que los alumnos quieren un tutor o un profesor particular? Porque, en la práctica, el gran problema que vemos a la hora de aplicar muchas tecnologías educativas es el bajísimo compromiso de los estudiantes. La inmensa mayoría no busca constantemente formas de aprender más, ni tiene una motivación intrínseca alta. Los que sí la tienen son, de hecho, la excepción”.
Mizne, que se formó en las universidades de Sao Paulo, y ha pasó más tarde por las de Columbia y Yale, cree que el tipo de estudiantes muy motivados por aprender más están, ya de adultos, sobrerrepresentados en las empresas punteras que están desarrollando la IA educativa, y eso les lleva a pensar que el grueso de los estudiantes aprovecharán la oportunidad de tener un tutor personal. “Pero no es así. La mayoría no le pedirá al chatbot que les explique algo, o le ayude a entenderlo paso a paso. Lo que harán será intentar acelerar el proceso. Decirle: Haz mi tarea, escribe mi redacción, resuelve este ejercicio… Y eso no va a generar niños mejor educados y preparados”.
Resistencia de la escuela
Mizne, como las presidentas de las confederaciones de Ampas españolas, cree por ello que los gobiernos deberían regular las aplicaciones de IA educativas, y que estas deben desarrollarse de la mano de expertos en educación, incluidos directores de centros educativos, docentes, y también familias. Para reducir los riesgos que acompañan a estas aplicaciones, y también para conseguir que se adapte a la escuela, una institución que ha demostrado ser capaz de resistirse con éxito a la incorporación de otras tecnologías que en su día también parecieron llamadas a revolucionar la enseñanza, como los ordenadores personales, internet y los dispositivos móviles.
Las aplicaciones de la inteligencia artificial en educación plantean, por otro lado, un riesgo de naturaleza muy distinta, apunta la profesora de Ciencia Política de la Universidad de California, en San Diego, Agustina Paglayán, autora de Raised to Obey: The Rise and Spread of Mass Education (Criados para obedecer: el ascenso y la expansión de la educación de masas, publicado este año en EE UU, sin traducción al castellano). Paglayán muestra en su investigación que la creación de los sistemas educativos de masas, sobre todo a lo largo del siglo XIX, de los que los actuales son herederos directos, no respondió a “ideales democráticos, a la industrialización, ni a la meta de promover el conocimiento o erradicar la pobreza”, sino que se implantaron con “un objetivo político de formar ciudadanos obedientes como parte de un proyecto más amplio de formación y consolidación del Estado nacional”. Empezó haciéndolo Prusia en el siglo XVIII, y lo fueron siguiendo a lo largo de los siglos siguientes el resto de países europeos, americanos, asiáticos y africanos. Las herramientas con las que el Estado ha contado históricamente a la hora de adoctrinar ―en el sentido de enseñarle a alguien a aceptar un conjunto de creencias sin cuestionarlas, al margen del contenido de dichas ideas―, eran, sin embargo, mucho más limitadas que lo que ahora dibuja la IA, señala la profesora.
Actores poderosos
Los medios con los que han contado hasta ahora los gobiernos han sido básicamente los libros de texto y su capacidad para influir en la formación y contratación de los docentes. Pero estos siempre han retenido, en mayor o menor medida, cierto grado de autonomía, dice Paglayán, nunca han sido un calco de lo que el Estado quería que fueran. “Incluso en sistemas autoritarios, los maestros muchas veces han cuestionado los libros de texto, exponiendo a los alumnos a perspectivas diferentes. La IA les da, en cambio, una herramienta mucho más directa de llegar a los estudiantes, con un software que no solo expone al estudiante a determinado conjunto de creencias sino que, si el estudiante hace preguntas cuestionándolas, una y otra vez puede volver a reiterarlas y enfatizarlas”. El peligro potencial de reducción del pensamiento crítico, añade Paglayán, no procede ahora solo de los Estados, sino de otros actores poderosos, como los dueños de aplicaciones privadas de IA.
Los entrevistados para este artículo coinciden en que el alumnado debe recibir formación escolar sobre un uso adecuado y crítico de la inteligencia artificial. Se trata, apuntan, de una tecnología con gran capacidad tanto para potenciar el aprendizaje como para socavarlo, y si la escuela se limita a darle la espalda se abrirá otra brecha entre aquellos cuyos familias puedan guiarlos y los que no. En tanto se consigue o no aprobar una regulación basada en lo que más beneficie a niños y adolescentes, Rebecca Winthrop, directora del Centro de Educación Universal de la estadounidense Institución Brookings ―que, como Dennis Mizne y Agustina Paglayán, participó en el foro sobre la IA organizado por Google―, propone adoptar un “uso minimalista de la IA”. Un decálogo que apuesta por decantarse por soluciones no digitales en todos aquellos casos en que no haya pruebas claras de que es mejor recurrir a la tecnología. Por optar, en caso de que sí sean útiles, por las tecnologías menos invasivas. Y por tener en cuenta, a la hora de elegir entre varias opciones, aquellas que impliquen menos coste y menos impacto ambiental, un terreno en el que la IA tiene mucho margen de mejora.
El artículo sostiene que en Estados Unidos se ha consolidado una crisis de asequibilidad que afecta directamente al acceso a los libros. Esta crisis se explica, principalmente, por la desaparición progresiva del formato mass market paperback, tradicionalmente la opción más barata del mercado.
Estos libros de bolsillo, pequeños, portátiles y económicos, habían sido durante décadas la puerta de entrada a la lectura para millones de personas, especialmente para quienes tenían menos recursos. Su reemplazo casi total por ediciones trade paperback —más grandes, mejor impresas y bastante más caras— ha elevado el precio base de los libros físicos hasta niveles que muchos lectores ya no pueden asumir.
El texto repasa la larga historia de los formatos populares y baratos, desde los folletines y publicaciones de a penique hasta las novelas pulp del siglo XX. Todos estos modelos editoriales tenían algo en común: democratizaban la lectura. Permitían comprar libros nuevos por muy poco dinero, algo que hoy prácticamente ha desaparecido. La autora subraya que, ajustando por inflación, durante décadas los libros de bolsillo costaban en torno a diez dólares, mientras que ahora las ediciones estándar superan con facilidad los dieciocho. Este incremento crea una barrera económica en un contexto donde los salarios permanecen estancados y el coste de vida se dispara.
El artículo también explora por qué la expansión del libro electrónico no ha supuesto una alternativa real para garantizar la asequibilidad. Aunque los e-books son, en muchos casos, más baratos que los libros en papel, no ofrecen propiedad plena: están sujetos a licencias, restricciones de uso y posibles pérdidas de acceso. Las suscripciones digitales, por su parte, tampoco resuelven el problema, porque funcionan como alquileres que dependen de plataformas y catálogos variables. Además, la lectura digital no sustituye la importancia del libro físico para coleccionistas, bibliotecas personales o lectores que necesitan formatos tangibles.
Como consecuencia, la autora alerta de que la industria editorial está dejando atrás a un amplio sector de lectores. En ausencia de un formato realmente económico, muchas personas dependen cada vez más de bibliotecas públicas, compras de segunda mano o simplemente renuncian a adquirir libros nuevos. Esta tendencia, advierte, tiene implicaciones culturales profundas: reduce la bibliodiversidad accesible, dificulta la entrada de nuevos lectores y limita la circulación de historias, especialmente en géneros como la novela romántica, históricamente vinculada al mass market paperback.
El artículo concluye reclamando que las editoriales recuperen un formato físico realmente asequible. No se trata sólo de nostalgia por un tipo de libro, sino de garantizar que la lectura siga siendo un derecho cultural y no un lujo. Según la autora, si la industria no revierte esta tendencia, la brecha entre quienes pueden comprar libros y quienes no podrá ampliarse aún más, perjudicando tanto a los lectores como al ecosistema editorial.
